Martes 16 de mayo de 2006
"Dices que te atacamos sexualmente, primero demuéstralo." Esta frase podría sintetizar la respuesta de las autoridades federales y estatales que participaron en el asalto a la población de San Salvador Atenco -y el pensamiento de quienes justifican la brutalidad policiaca con la que se actuó-, ante las denuncias públicas sobre ataques sexuales y violaciones sufridas por decenas de mujeres.
Quienes utilizan este argumento se convierten en cómplices de las agresiones sexuales y actualizan una imagen que concentra de manera nítida lo que ocurre a diario en el país: mujeres sometidas por la fuerza, humilladas, violadas y en muchos casos asesinadas, mientras los perpetradores de los ataques gozan de impunidad ante la mirada complaciente de una autoridad que se la pasa pidiendo pruebas. En esta misma lógica, Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN a la Presidencia de la República, dijo el sábado: "... esas afirmaciones (de agresiones sexuales) son tan graves que primero deben ser probadas".
Las dificultades para probar el asalto sexual son múltiples. Pero primero ocupémonos de las denuncias. Diversos estudios, como el de Eroehazy y Murphy, publicado en noviembre de 2005 (puede leerse en: www.emedicine.com/emerg/
topic527.ht), muestran que existe un subregistro del número de casos, pues las víctimas no necesariamente hacen la denuncia. Como producto de la agresión, que generalmente es brutal, las mujeres sufren una alteración sicológica denominada Desorden de Estrés Postraumático (DEPT), además de la vergüenza impuesta sobre la víctima. En estas condiciones es muy difícil exigirle que, en estado de choque, haga acusaciones y menos aún que presente pruebas.
De cualquier modo, prácticamente todas las organizaciones del mundo dedicadas a la atención de personas que sufren agresiones sexuales otorgan gran importancia a la denuncia ante la policía, siempre respetando la decisión última de la víctima. Algunas colocan la denuncia en el mismo nivel que la atención médica y sicológica, porque el agresor, al no ser juzgado y castigado, puede repetir su acción criminal contra otras mujeres.
Pero, ¿qué pasa, como en el caso de Atenco, cuando los agresores son los propios policías? "Antes de acusarnos de haberte violado, primero presenta tu denuncia... ante tus propios agresores." Estamos ante la lógica del cinismo. ¿Alguien se imagina a una mujer que haya sido humillada sexualmente o violada, acudiendo a una delegación o Ministerio Público, habitados por cientos de policías, es decir, por quienes la amenazaron, lastimaron, ultrajaron y pusieron en riesgo su vida, para presentar una denuncia?
Como quiera que sea, en este caso las denuncias existen. Las primeras se hicieron, no ante los agresores, sino mediante testimonios en los medios de comunicación, así como por quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos... pero, por su carácter indirecto, no valen. Sin embargo, el viernes se presentó ya una denuncia ante la Procuraduría General de la República (¿ésta sí valdrá?), en la que aparece un dato impresionante: de 47 mujeres detenidas ¡30 fueron violadas!
"Muy bien, ya están las denuncias -dirán algunos gobernantes, jefes policiacos y el candidato del PAN-, pero, ¿y las pruebas dónde están? No basta decir "es una acusación muy grave, primero hay que probarlo." Estamos ante una lógica, además de cínica, distorsionada. Se exige a quien sufrió la agresión que sea ella quien demuestre que fue humillada, y no que los hechos se establezcan a través de una investigación realizada por las autoridades. Se transfieren las responsabilidades de la autoridad a la víctima.
Desde el punto de vista científico es muy difícil probar el asalto sexual. En primer lugar, para la medicina forense hay un tiempo crítico: las primeras 72 horas. Las víctimas de Atenco apenas una semana después están saliendo de la cárcel. Mucha gente piensa que la presencia de semen en los genitales es prueba de una violación, pero, además de los efectos del tiempo, puede tratarse de un coito incompleto o, como se ha descrito en muchos testimonios, que hayan sido introducidos objetos o partes del cuerpo distintas del pene en las zonas genitoanales, u obligar a una mujer mediante golpes y amenazas a realizar sexo oral. "¡Puros pretextos! Queremos pruebas, oríllense a la orilla y demuestren sus graves acusaciones."
¿Alguien se imagina a una mujer sometiéndose a una revisión médica en la cárcel a la que se le condujo después de que fue humillada, paralizada por el DEPT, en un consultorio más o menos sucio, ante un tipo quizá corrupto, con bata más o menos blanca, que la obligará nuevamente a abrir las piernas y la hurgará con sus dedos enguantados y dictaminará quién sabe qué? No existen en el penal de Santiaguito ni en ningún otro sitio las condiciones para realizar exámenes profesionales e imparciales. En otros países se han establecido programas como el examen de enfermeras especializadas en agresión sexual (SANE, por sus siglas en inglés), en los que mujeres capacitadas son quienes examinan a la víctima (puede consultarse: Campbell y Cols. Traum. Viol. Abus. 6 (4): 313-29, 2005).
En un trabajo realizado por Hilden, Schei y Sidenius, del hospital universitario Rigshospitalel en Copenhague, Dinamarca, se evaluó a 249 mujeres víctimas de asalto sexual, que fueron comparadas con un grupo control (Forensic Sci Int 154 (2-3): 200-5, 2005). Los resultados muestran que la mayoría de las atacadas (68 por ciento) no presentan daños genitoanales visibles, aunque las lesiones pueden ser evidentes en aquellas que no habían tenido una experiencia sexual previa o las expuestas a penetración anal. En otras palabras, sólo en muy pocos casos se puede demostrar, mediante el examen físico, la agresión sexual. "Afirmativo, pareja, hasta la ciencia le da la razón a nuestro candidato."
Es muy importante entender que la falta de pruebas físicas no implica que la agresión sexual no haya ocurrido. Las huellas de los golpes infligidos a mujeres y las zonas en las que se presentan son inobjetables: son una primera prueba de agresión sexual. Un policía con una macana descargando sus frustraciones sobre el cuerpo sexuado de una mujer indefensa. Pero aún no se puede demostrar que hayan ocurrido, además de los golpes (que ya de por sí son algo muy grave), ataques sexuales y violaciones.
Pero habría que enderezar las cosas. Frente a las denuncias, en lugar de ponerse a la defensiva, se podría iniciar una investigación que no dependiera de las víctimas, sino de la autoridad. En lugar de encubrir a policías que, como todos sabemos, (algunos) concentran lo más primitivo y despreciable de la naturaleza humana, hay que averiguar lo que realmente pasó.
Mas esto implicaría un cambio que quizá un gobierno misógino no puede entender ni dirigir. Si la máxima autoridad del país -aunque pidió disculpas- se ha referido a las mujeres como lavadoras con patas (en mi opinión algo realmente increíble) y Felipe Calderón exige pruebas a las mujeres agredidas sexualmente, ¿qué podemos esperar?
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