Editorial
Texcoco-Atenco : desactivar el conflicto
Cuando las fuerzas represivas federales y del estado de México entraron en San Salvador Atenco, golpearon brutalmente a centenares de habitantes, derribaron puertas de domicilios particulares sin contar con órdenes de cateo y ni siquiera de aprehensión, destruyeron cuanto pudieron a su paso y se llevaron detenidos a más de cien pobladores, algunos pudieron pensar que el grave conflicto desatado el día anterior en Texcoco había sido resuelto. Tal vez supusieron incluso que la injustificable acción represiva pondría fin a la historia reciente de confrontaciones entre el movimiento de resistencia local y las autoridades estatales y nacionales. Pero, incluso si se da por buena la versión oficial de que, con la mayoría de sus dirigentes en la cárcel, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) está prácticamente desarticulado, el problema de Atenco dista de estar solucionado; por el contrario, la barbarie policial, las graves irregularidades judiciales y legales en las que han incurrido los gobernantes mexiquenses para castigar a los dirigentes de los ejidatarios, las arbitrariedades contra una importante proporción de los detenidos que a todas luces carecen de responsabilidad por los disturbios, han profundizado la irritación social en sectores políticos que suelen ser invisibles o cuando menos insignificantes para los círculos del poder y que poseen, sin embargo, capacidad sobrada para dislocar las actividades en el oriente del valle de México.
Mientras el gobierno de Toluca se desentiende de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por sus fuerzas públicas en San Salvador Atenco y se empeña en torcer las leyes para sancionar a los detenidos, un abanico de organizaciones agrupadas en la otra campaña se apresta a bloquear vialidades en solidaridad con los atenquenses reprimidos. En tanto, en la población de la localidad mexiquense salen a relucir preocupantes divisiones y enconos, y los partidarios de la "mano dura" y el autoritarismo, empezando por los candidatos presidenciales Roberto Madrazo Pintado y Felipe Calderón Hinojosa, procuran sacar tajada electoral de la "defensa del orden" y el "respeto a la ley", como si los policías mexiquenses y federales no hubiesen sido los primeros en violentar tales preceptos durante su incursión contra Atenco. Tales tomas de posición prefiguran, por cierto, la clase de gobierno que le esperaría al país tras un triunfo en las urnas del priísta o del panista: un gobierno de toletes, gases lacrimógenos, allanamientos sin orden judicial y maltrato brutal a sospechosos de cualquier delito.
Ante los peligros de nuevas confrontaciones, ante la persistencia de las violaciones a los derechos humanos en un marco represivo de las que da cuenta Amnistía Internacional en un comunicado difundido ayer y en un entorno tan volátil como el que caracteriza al país en la circunstancia actual, resulta obligado exigir prudencia, moderación y contención a todos los sectores involucrados en el conflicto. En esta perspectiva, el primer paso corresponde a la autoridad mexiquense, la cual debe dejar de regirse por la lógica de la venganza represiva, y a la federal, la cual tendría que dejar de lado sus interpretaciones paranoicas y alarmistas de lo sucedido. Es preciso comprender que el conflicto de Atenco no ha surgido por un designio sedicioso, ni por la presencia de agitadores extranjeros, como creyó descubrir Calderón Hinojosa, sino por una problemática social y política antigua y compleja, alimentada por la insensibilidad y la arrogancia gubernamentales.
Si la autoridad realmente desea hacer respetar el estado de derecho, debe empezar por poner el ejemplo. Eso, en el caso del estado de México, significa poner un alto a los atropellos judiciales y penales contra los detenidos, investigar y sancionar, en su caso, los numerosos abusos denunciados y documentados empezando por el asesinato de un menor con arma de fuego y dejar de decir mentiras, como la que profirió antier el comisionado de la Agencia de Seguridad estatal, Wilfrido Robledo Madrid, quien aseguró que "ningún" efectivo policial iba armado, pese a que hay fotos noticiosas que prueban lo contrario. Es necesario, asimismo, que los gobiernos federal y de Toluca adopten una actitud seria y prudente y convoquen a instancias de diálogo y negociación en las que se traten y resuelvan, sin exclusiones, los problemas sociales que afectan al oriente mexiquense y se busque la reconciliación de base en la zona.
Al mismo tiempo, cabe pedir a las organizaciones inconformes que actúen con sensatez, mesura y buen sentido para que sus acciones no se vuelvan justificantes de nuevos actos represivos. Una proliferación de episodios trágicos y exasperantes como los ocurridos el miércoles y el jueves en Texcoco y San Salvador Atenco no puede ser un escenario deseable para ningún ciudadano de buena voluntad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario