En efecto, el titular de la SG fijó como postura definitiva la persistente negación de las autoridades federales a reconocer atropellos masivos y regulares cuyas pruebas gráficas y testimoniales han dado la vuelta al mundo y han generado amplio repudio contra el grupo gobernante: en el asalto policial a Atenco y en la captura y traslado de cientos de personas no hubo abusos, no hubo violaciones, no hubo irregularidades en la expulsión de cinco extranjeros; en consecuencia, la autoridad volverá a actuar, si se presenta una situación semejante a la del 3 de mayo en el oriente mexiquense, como lo hizo allí: con lo que llamó "un ejercicio eficiente del uso de la fuerza". Abascal acuñó un eufemismo que, en adelante, podrá ser esgrimido por los gobernantes para apalear a sospechosos de nada y capturarlos sin orden de aprehensión, allanar viviendas sin orden de cateo, robar las pertenencias, cometer abusos sexuales contra los detenidos, humillarlos, vejarlos, negarles las garantías individuales más elementales, deportar de manera arbitraria a estudiantes extranjeros e inventar que tenían visa de turista y que estaban "realizando un trabajo" sin tener permiso para ello.
Por lo demás, el funcionario descalificó el trabajo de documentación realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y distorsionó, de paso, la condición de esa instancia al aludir a ella como "organización no gubernamental" al señalar que "sólo arrojará recomendaciones para el gobierno". Por añadidura, Abascal porfió en la posición oficial de que no existen denuncias por violaciones y abusos sexuales en las procuradurías estatal mexiquense y General de la República, pese a que la CNDH presentó las primeras hace más de una semana.
Otra actitud se vio obligado a asumir Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, pues, aunque asistió con visible renuencia a la CNDH, tuvo que admitir, ante la contundencia de las pruebas que le fueron exhibidas, que "se podrían acreditar los excesos cometidos por algunos elementos policiacos", según información de dicha instancia. Un reconocimiento sumamente limitado, pero revelador de la imposibilidad de persistir en la autoexculpación frente a atropellos documentados en abundancia, muchos de los cuales se cometieron frente a las cámaras de televisión.
A estas alturas, el afán de negar o minimizar la brutalidad represiva ha generado ya nuevas y graves responsabilidades, si no penales, al menos políticas, de los funcionarios involucrados en la toma de Atenco: a la barbarie de las fuerzas del orden han de sumarse las mentiras proferidas por empleados públicos de alto nivel y de diversos ámbitos: los policías estatales "no llevaban armas de fuego", sostuvo Wilfrido Robledo, secretario estatal de Seguridad Pública; las fuerzas de choque actuaron "conforme a la norma", dijo Miguel Angel Yunes, subsecretario federal del ramo, y así sucesivamente.
En los hechos, la mendacidad y la distorsión constituyen un ejercicio complementario de la represión: los regímenes autoritarios echan mano de la violencia ilegítima, excesiva y violatoria de los derechos humanos, pero no lo reconocen casi nunca: dicen aplicar la ley cuando la violan, se presentan como defensores de la convivencia civilizada cuando recurren a la barbarie, y hablan de derechos de la población mientras los pisotean. El momento obliga a recordar a las dictaduras latinoamericanas que se decían defensoras de "la democracia".
La sociedad no puede permitir que en los meses que le quedan al foxismo el poder público consume el viraje al autoritarismo y el atropello. Debe movilizarse, en consecuencia, para exigir que se haga justicia a los ciudadanos agredidos por la horda policial, que se sancione a quienes dieron a los efectivos la instrucción que la hubo de ensañarse contra los civiles indefensos, y que las autoridades reconozcan la comisión de violaciones a los derechos humanos, y su responsabilidad en ellas. No debe dejarse ningún margen de maniobra al autoritarismo represivo.
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