Este sábado 25 de noviembre se registraron violentos choques entre elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en las inmediaciones del centro de la capital oaxaqueña y en el ex Convento de Santo Domingo. Los enfrentamientos se extendieron prácticamente durante todo el sábado por la tarde, dejando un número indeterminado de heridos y detenidos. Al momento del cierre de esta edición aún no había certeza del saldo de los enfrentamientos, lo cual demuestra que la situación en Oaxaca sigue siendo complicada, contradiciendo las versiones oficiales tanto del gobierno federal como del estatal de que ese estado está volviendo a la normalidad. "Faltan algunos detalles para que los estudiantes regresen a las clases", dijo la noche del sábado Ulises Ruiz, quien agregó que las muestras de descontento registradas en la capital del estado se deben a "grupos de agitadores", que no representan a la mayoría de los oaxaqueños.
Los enfrentamientos precedieron a la marcha pacífica convocada por la APPO, que comenzó cerca del mediodía sin incidentes, y en la que participaron varios miles personas; de acuerdo con diversas fuentes, el contingente se extendía por poco más de un kilómetro sobre los carriles que llevan hacia la capital oaxaqueña.
La APPO había decidido en días pasados hacer un cerco a la PFP en el zócalo por 48 horas a partir de ayer sábado, como parte de su plan de acción para presionar la salida de esa entidad de la corporación policiaca y la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. Sin embargo, la policía federal pasó a la ofensiva para romper el cerco, lo cual derivó en los enfrentamientos ocurridos en varias zonas del centro oaxaqueño.
Estos choques recuerdan los ocurridos el pasado 2 de noviembre, Día de Muertos, cuando desde el amanecer y durante siete horas se registraron duros combates, con saldo de cuando menos 50 heridos y 40 detenidos algunos de los cuales permanecen en la cárcel e innumerables violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales.
Como en ese día, durante los choques de ayer la PFP se enfrentó a miles de estudiantes, vecinos y padres de familia, decididos a todo para acabar con el estado de sitio establecido por las fuerzas federales y echar a Ruiz de la gubernatura, mantenido en su puesto a pesar de su talante autoritario y represivo, y de su comprobada impopularidad en el estado.
La negligencia de las autoridades no sólo se demuestra con al apoyo al gobernador. Sin duda la permanencia de la policía federal en la entidad ha agudizado el conflicto, pues se ha avivado el fuego con más fuego, en lugar de facilitar el diálogo y favorecer la estabilidad, como ha justificado el gobierno federal desde el pasado 29 de octubre, cuando cientos de uniformados de la PFP arribaron a la capital del estado. Vale la pena recordar el sistemático hostigamiento sexual perpetrado por las fuerzas policiales contra mujeres oaxaqueñas, para dejar en claro lo que significa su estancia en Oaxaca.
Es por ello que todo parece indicar que el principal objetivo de la PFP es mantener en su puesto, contra viento y marea, a Ulises Ruiz, sin importar que con esto se agrave la situación.
Es claro, así, que la falta de visión y de voluntad de las autoridades federales y de gran parte del Congreso ha agravado el actual estado de caos prevaleciente en la entidad. Con palabras huecas y decisiones autoritarias se pretende terminar con una compleja crisis, que tiene que ver con la perpetuación de cacicazgos en el estado, representados por los sucesivos gobiernos desde hace varios decenios, algo que ha condenado a la mayoría de los oaxaqueños a la pobreza y establecido un orden en el que prevalecen la violencia y la impunidad.
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